Francisco: un Papa de firmes convicciones

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BUENOS AIRES - En su primera misa en el Vaticano, el Papa defendió hoy una Iglesia activa y comprometida, un viejo reclamo en línea con su preocupación social, que contrasta con su conservadurismo en otros temas, como el matrimonio gay o el aborto.

El llamamiento que lanzó ante los cardenales reunidos en la Santa Sede esta en sintonía con el reclamo que planteó a los sacerdotes argentinos en su última carta pastoral como Arzobispo de Buenos Aires, antes de viajar a Roma, cuando todavía era "simplemente" el cardenal Jorge Bergoglio.

En la pastoral, de apenas hace diez días, llamaba a los párrocos y a los responsables de comunidades educativas a "salir, compartir y anunciar".

"Los tiempos nos urgen. No tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma", decía el entonces cardenal, conocido en Argentina por su empeño en salir a la calle y mantener el contacto con los fieles y por su respaldo a la labor de los "curas villeros" que atienden las zonas más desfavorecidas de Buenos Aires.

Sus allegados subrayan su preocupación social y rescatan las denuncias que lanzó desde los púlpitos para luchar contra la pobreza y la prostitución e impulsar la educación.

"La esclavitud no está abolida", dijo en 2011. En Buenos Aires, "está a la orden del día (...) Esta ciudad fracasó y sigue fracasando en librarnos de esa esclavitud estructural que es la situación de calle".

"Hay que indignarse contra la injusticia de que el pan y el trabajo no lleguen a todos", denunció el pasado año.

La crisis fue también blanco de sus críticas: "la crisis y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos".

Una postura en lo social que contrasta con el alineamiento con los sectores más conservadores de la Iglesia católica en cuestiones tan sensibles como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto, dos de los temas por los que se enfrentó con el gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández.

En 2010, Bergoglio encabezó lo que llegó a llamar la "batalla de Dios" contra la aprobación de la ley impulsada por el Gobierno que convirtió a Argentina en el primer país de América en reconocer el matrimonio gay.

"No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios", llegó a decir entonces el arzobispo, que un par de años después se opuso también a la Ley de identidad de género que permite a transexuales elegir el sexo que figura en su registro.

Para Bergoglio, "el aborto nunca es una solución". "Se percibe una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer".

Pese a las buenas relaciones que mantuvo con el gobierno del conservador Mauricio Macri, no dudó en calificar de "lamentable" la decisión del alcalde de Buenos Aires de reglamentar los abortos punibles en la ciudad.

Más tolerante se mostró el pasado año con el bautismo para bebés concebidos fuera del matrimonio, cuando afirmó que "hay presbíteros que no bautizan a los chicos de las madres solteras (...) Estos son los hipócritas de hoy. Los que clericalizaron a la Iglesia. Los que apartan al pueblo de Dios de la salvación".

Su designación ha reavivado la polémica sobre el papel de la Iglesia durante la última dictadura militar (1976-1983) y organizaciones humanitarias afines al oficialismo han recordado que fue testigo en juicios por delitos de lesa humanidad.

"Hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por las personas secuestradas", declaró Bergoglio en el libro "El jesuita", de los periodistas Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, en el que relató que cedió su cédula de identidad a un sacerdote para que huyera a Brasil durante la dictadura.

Su testimonio responde a quienes le acusan de no haber dado suficiente protección a dos jesuitas que fueron detenidos en una villa y liberados cinco meses después.

Sus detractores también lamentan el silencio de la Iglesia argentina tras las condenas, en 2002, contra sacerdotes condenados por abusos de menores.

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